El Congreso de Panamá aprobó un proyecto de ley para regular el uso y comercialización de criptomonedas en el país centroamericano, que se suma a otros en la región que avanzaron en legislación con respecto a las monedas digitales, tal como es el caso de El Salvador que el año pasado se convirtió en la primera nación del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal.
«Es importante que avancemos, que regulemos el tema, lo tenemos claro, lo tenemos de acuerdo a los estándares del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), antes de que nos perjudique a futuro por no tener un buen regulación», aseguró Gabriel Silva, uno de los legisladores que impulsó el proyecto de ley.
«La iniciativa va a ayudar a que Panamá se vaya consolidando como un ‘hub’ (nodo) de innovación y tecnología en América Latina», agregó.
Silva afirmó que entre los objetivos de la ley están «darle claridad jurídica al uso opcional de las criptomonedas en Panamá, crear licencias para facilitar la inversión extranjera y local de empresas que trabajan en el sector de criptoactivos, y que tecnología «blockchain» sea utilizada por el Gobierno para tener procesos más rápidos, eficientes y transparentes».
«También promover la inclusión financiera, ya que el»50 % de la población de Panamá no tiene una cuenta de ahorros, y esto ayuda a que las personas puedan participar en la economía digital», explicó.
Y cerró: «Le pedimos al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que firme el proyecto de ley para su entrada en vigor, porque esto va a marcar un antes y un después en el futuro de la innovación en Panamá», sentenció.
Un gran abanico de oportunidades
De acuerdo con la propuesta, los ciudadanos, empresas y organizaciones pueden acordar libremente el uso de criptoactivos, incluidos, entre otros, bitcoin, ethereum, XRP, litecoin, XDC Network, elrond, stellar, IOTA y algorand, como método de pago para cualquier actividad civil o comercial.
El proyecto de ley también abre la posibilidad de pagar impuestos, tasas y otras obligaciones tributarias con criptomonedas, ya sea directamente o a través de organismos respetando el orden, la estabilidad y la transparencia de las finanzas públicas y las mejores prácticas de ciberseguridad.
La iniciativa -que fue aprobada por los diputados de la Asamblea Nacional con 38 votos a favor, dos abstenciones y ninguno en contra- debe ser promulgada por el presidente, Laurentino Cortizo, para que entre en vigor.
En la mira
Panamá no solo se encuentra en la denominada «lista gris» del GAFI y es considerado un país de «mayor vigilancia», que trabaja para perfeccionar sus sistemas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, sino que también figura en la lista de «paraísos fiscales» de la Unión Europea (UE).
El país centroamericano se vio envuelto en 2016 en el escándalo de los «Papeles de Panamá», una investigación periodística que reveló cómo personalidades de todo el mundo escondieron dinero a través del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca y presuntamente evadieron impuestos. El caso irá a juicio este año.
En el 2021, el mismo estudio de abogados de Panamá también fue señalado en la investigación «Papeles de Pandora» como facilitadores para la conformación de sociedades opacas donde se ocultaron fortunas de reconocidas personalidades.
Desde el escándalo de 2016, según especialistas, Panamá impuso mayores exigencias para la conformación de empresas o sociedades, que permiten identificar el origen de los fondos y a sus titulares.